Detrás de la muerte de Nahel, la institución policial

Un nuevo caso de violencia policial mortal ha sacudido Francia, el debate actual no comprende las causas profundas de la violencia policial y del racismo, que están en el corazón mismo de la institución policial.
Paul Rocher
30 junio 2023
Traducción publicada en el blog de Verso Libros y originalmente en Contretemps.

Detrás de la muerte de Nahel, la institución policial
Un nuevo caso de violencia policial mortal ha sacudido Francia. En tales situaciones, las autoridades suelen preferir rebatir la veracidad de los hechos. Esta vez, un vídeo que mostraba las circunstancias de la muerte de Nahel y el revuelo que causó no han podido ser ignorados. Se irguió un nuevo parapeto para proteger a la policía de las críticas: el acto violento en cuestión podía explicarse enteramente por la falta individual del policía que efectuó el disparo y de su compañero.

Voces más críticas apuntan a un cambio en la ley que regula el uso de armas de fuego y a la falta de formación de la policía como causas fundamentales. Como explica aquí Paul Rocher, autor del libro Qué hace la policía (Katakrak, 2023), el debate actual no comprende las causas profundas de la violencia policial y del racismo, que están en el corazón mismo de la institución policial.

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Cuando la ley pone en peligro a la ciudadanía

La muerte de Nahel reabre trágicamente el debate sobre las personas muertas a manos de agentes de policía en el contexto de lo que la narrativa policial presenta como una negativa a cumplir la ley. Recopilando datos del Ministerio del Interior, un equipo de periodistas de Bastamag pudo demostrar que «los agentes de policía han matado cuatro veces más personas por negarse a obedecer órdenes en cinco años que en los veinte anteriores».

Por tanto, parece oportuno preguntarse a qué se debe este impresionante y relativamente reciente aumento de los tiroteos. Hace aproximadamente 5 años, en marzo de 2017, una nueva ley sobre seguridad interior flexibilizó el uso de armas por parte de los agentes de policía. Este texto autoriza a los policías y gendarmes a utilizar sus armas si no consiguen inmovilizar un vehículo «cuyos conductores no obedezcan la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan perpetrar, en su huida, un atentado contra su vida o su integridad física o la de terceros».

La redacción de esta ley es notoriamente vaga: ¿cómo puede un agente de policía conocer razonablemente las intenciones de un conductor? Y es en esta vaguedad donde radica el problema. Un equipo de investigadores ha estudiado los efectos de esta ley, de contornos movedizos. Como resume uno de los coautores del estudio, «la ley que autoriza a los policías a disparar da lugar a qué… disparen más a menudo, y el número de homicidios policiales (media mensual) aumenta masivamente». Una ley de seguridad interior que reduce la seguridad pública sería casi cómica si no tuviera consecuencias dramáticas.

El elefante en la habitación: el racismo institucional

Al centrarse en el aumento de los tiroteos policiales tras un cambio en la ley, se corre el riesgo de pasar discretamente por alto un aspecto crucial de la muerte de Nahel y de tantas otras. Centrarse en los tiroteos –por importante que sea– tiende a situar el debate en un terreno a priori ciego a la dimensión racial de la violencia policial. Sin embargo, las víctimas de los tiroteos no suelen ser blancas. Ante este hecho, el debate sobre la negativa a obedecer es necesariamente un debate sobre el racismo policial, cuya existencia ha quedado sólidamente demostrada. En 2009, un estudio puso formalmente de relieve y cuantificó lo que los habitantes de los suburbios sabían desde hacía mucho tiempo:

«Según los lugares de observación, los negros tenían entre 3,3 y 11,5 veces más probabilidades que los blancos de ser parados» y los árabes «tenían entre 1,8 y 14,8 veces más probabilidades que los blancos de ser parados por la policía».

Los perfiles raciales son una realidad. Diez años después, las conclusiones son las mismas. En 2019, el Defensor del Pueblo francés puso de manifiesto la existencia de una «discriminación sistémica que se traduce en la sobrerrepresentación de determinadas poblaciones inmigrantes y en prácticas despectivas en la realización de controles de identidad por parte de la policía»[2]. Estas prácticas sistémicas están tan arraigadas en el funcionamiento cotidiano de la institución que los agentes de policía no son necesariamente conscientes de ellas.

Para comprender claramente el alcance del racismo institucional, resulta instructivo el trabajo que el gran sociólogo británico Stuart Hall escribió específicamente para entender las revueltas en los barrios obreros británicos tras la intervención policial:

«En primer lugar, el racismo institucional no necesita individuos abiertamente racistas: el racismo se considera el resultado de un proceso social. En segundo lugar, [las normas de comportamiento racista] se llevan dentro de la cultura profesional de una organización y se transmiten de manera informal e implícita a través de su rutina, de sus prácticas cotidianas como parte indestructible del habitus institucional. El racismo de este tipo se convierte en rutina, en un hábito que se da por sentado. Es mucho más eficaz en las prácticas de socialización de los agentes de policía que la formación y las normas formales. […] E impide la existencia de una reflexividad profesional. Lejos de considerarse excepcional, este tipo de racismo ‘involuntario’ se está convirtiendo en parte integrante de la propia definición de ‘trabajo policial normal’».

En otras palabras, la definición comúnmente aceptada por la institución de una buena labor policial implica actuar partiendo del supuesto de que una persona no blanca es sospechosa.

La existencia de esta actitud está confirmada por una serie de estudios sobre el caso francés, que abarcan varias décadas. En 2017, el trabajo del sociólogo Christian Mouhanna llegó a una conclusión muy similar a la de su colega René Lévy en 1987, quien afirmó que las categorizaciones raciales «constituyen, por así decirlo, las herramientas del oficio y forman parte de ese conjunto de conocimientos prácticos que constituyen el trasfondo, el punto de referencia del trabajo policial». Esta literatura también muestra que «la sospecha policial actúa como una profecía autocumplida, es decir, ayuda a producir lo que se espera y, por tanto, confirma a los agentes de policía en su creencia en la relevancia de estas categorías».

El poder de categorizar a la población, que la investigación pone de relieve, configura a su vez el uso de la fuerza. La policía es el único órgano al que se le reconoce la capacidad de determinar lo que se entiende por orden público y su opuesto, los desordenes, justificando el empleo de métodos coercitivos: el uso de un arma «letal» o «no letal», o la movilización de otras prácticas de «inmovilización». El sociólogo Ralph Jessen señala que el criterio principal para la intervención de un agente de policía es su evaluación de una situación; las leyes y normas tienen, por tanto, una importancia secundaria, y los agentes del orden a menudo solamente tienen un conocimiento parcial de ellas.

A estas alturas, el ámbito de aplicación de la ley de 2017 está cada vez más claro. Al ampliar el ámbito del uso de armas en función del juicio individual de los agentes de policía, inmersos a su vez en un entorno profesional impregnado de prejuicios racistas, esta ley expone especialmente a la parte no blanca de la población. Pero también está claro que el debate no puede centrarse únicamente en el empleo de las armas de fuego, ya que la violencia policial no se limita a ellas.

Otra serie de estadísticas recopiladas por los periodistas de Bastamag muestra que de las 676 personas muertas como consecuencia de la acción policial entre 1977 y 2019, solo el 60 % recibió un disparo. Es más, la magnitud de la violencia policial va mucho más allá del caso más extremo de violencia mortal.

Una institución que transforma a los agentes

Si bien el racismo institucional es un hecho bien establecido en la investigación científica, si queremos comprender plenamente la violencia policial, debemos tener en cuenta otro rasgo específico de la policía, a saber, que se caracteriza por un extraordinario grado de aislamiento del mundo exterior y un formidable grado de cohesión interna. Desentrañemos este argumento en dos etapas.

En primer lugar, resulta que la mayoría de las personas que deciden convertirse en policías se caracterizan por una concepción puramente represiva de la profesión. Así pues, la policía no atrae a una muestra representativa de la sociedad, sino a personas que destacan por su gusto por los medios autoritarios. Tras esta primera etapa de autoselección, los policías se ven aún más aislados de la sociedad por la propia institución. Para comprenderlo, es útil estudiar la socialización profesional. Se trata de un doble proceso durante el cual el candidato adquiere las competencias técnicas y los conocimientos de la profesión, por una parte, y absorbe la visión de la sociedad que prevalece en el seno de la institución a la que se compromete, por otra.

Para aclarar la visión que prevalece dentro de la institución policial, podemos utilizar los términos de un artículo científico según el cual los policías se ven a sí mismos viviendo en una «fortaleza sitiada», que une al grupo. En otras palabras, los policías se sienten asediados por el resto de la sociedad. La formación de un espíritu corporativo se consigue, por tanto, mediante la construcción de un enemigo, y este proceso fomenta a su vez «un comportamiento excesivamente violento que va más allá de los límites de la violencia legítima». Si bien el cuerpo de policía atrae perfiles muy específicos, es sobre todo la institución policial, durante la socialización profesional, la que genera agentes muy cohesionados internamente y desconfiados o incluso hostiles hacia la sociedad.

Una vez sacado a la luz el funcionamiento interno de la institución policial, el argumento de que la violencia policial puede explicarse por una formación inadecuada, un periodo de formación demasiado corto y la reducción del umbral de elegibilidad de los aspirantes a la profesión policial pierde casi toda su fuerza. Si bien estos factores pueden desempeñar un papel marginal, el problema no reside principalmente en quienes acceden a la institución, sino en una institución que transforma a los agentes que trabajan en ella, un efecto que, como señala Hall, priva a la institución de toda capacidad de autorreflexión.

Pensar en la institución policial también permite, sin diluir la especificidad del racismo policial, entender que el aumento de la violencia contra el movimiento obrero y el movimiento ecologista en la primavera de 2023 no vino exclusivamente de quienes daban las órdenes al gobierno, sino del propio aparato policial. Más aún teniendo en cuenta la expansión sin precedentes de las fuerzas policiales en los últimos 30 años.

En contra del mito generalizado de que la policía, como el resto de la función pública, ha sufrido la austeridad, demostramos en Qué hace la policía que, de hecho, ha experimentado un aumento de recursos sin precedentes durante este periodo: +35% (muy superior al aumento de los recursos asignados a la educación durante el mismo periodo: 18%). Los efectivos policiales han aumentado en proporciones similares. La última ley de planificación del Ministerio del Interior, aprobada a finales de 2022, prevé ir aún más lejos al asignar casi 15.000 millones adicionales en los próximos cinco años.

Esta evolución indica que la policía está materialmente en condiciones de ejercer un control sin precedentes sobre la sociedad. Entre otras cosas, esto se refleja en un contacto más regular con la población, lo que supone una oportunidad para que queden al descubierto los prejuicios que caracterizan a la institución.

Esto ayuda a explicar por qué los levantamientos que han seguido a la muerte de Nahel no se limitaron a Nanterre. También explica por qué una investigación sobre el autor de los disparos y su cómplice no podrá erradicar la rabia por la discriminación que se vive a diario en la región desde hace muchísimos años, y el dolor de tantas personas, casi exclusivamente negras o árabes, que han sufrido violencia o incluso han perdido a un ser querido.

Paul Rocher es Economista y licenciado en Ciencias sociales por el Instituto de Estudios Políticos de París. Se ha convertido en uno de los politólogos europeos de referencia en la enunciación de la violencia policial y en la elaboración de estrategias para la despolicialización. Ha publicado Gasear, mutilar, someter. La política de las armas no letales (Katakrak 2021) y Qué hacer con la policía y cómo vivir sin ella (Katakrak 2023).

Fotografia: Photothèque rouge/Martin Noda.
El artículo original se puede encontrar en Contretemps.
Traducción de Simón Vázquez