interrogantes de la modernidad que presiden nuestra actual coyuntura histórica. Una coyuntura en la que se plantean los límites del reformismo y la posibilidad de realizar una revolución democrática desde los textos del constitucionalismo democrático social con Estado Social de Derecho, es decir, una revolución pacífica –y también jurídica– llevada a cabo por los cauces de la democracia constitucional.

La planificación democrática para la libertad no puede sino hacerse acompañar de formas de democracia económica participativa en las estructuras de decisión tanto a nivel central como a niveles descentralizados y de las empresas. La democracia económica debe también realizarse sobre la base de un “hombre nuevo” plenamente socializado, es decir, una ciudadanía activa formada y partícipe de valores comunes (democráticamente formulados en los textos constitucionales e internacionales de valor constitucional) y capaz de intervenir críticamente (reflexivamente) en los debates de la esfera pública. Y para alcanzar este objetivo es indispensable establecer un sistema educativo democrático, que instruya a los ciudadanos acerca de los valores superiores que la constitución de la sociedad se ha dado a sí misma. El Estado tendría, pues, un papel central, pero también la opinión pública forjada sobre la base de una potente sociedad civil educada y activa. Ese enfoque encajaba perfectamente con el ideario propio del que se denominaría “socialismo liberal” o “socialismo democrático” que se pondría en práctica, efectivamente, en varios países europeos a partir de la segunda postguerra mundial: extender la democracia con la finalidad de alcanzar más igualdad –formal y sustancial– en libertad.