Airbnb, la ciudad uberizada

4 mayo, 2020
Por Ícaro Obeso Muñiz (@icaroviedo)

La utilización de la vivienda para funciones distintas a la residencial no es algo novedoso. Sólo con recordar las pensiones modestas, las peluquerías de barrio, las oficinas de las pequeñas empresas o las academias de refuerzo escolar nos serviría para verificar que la alteración de la función residencial mediante una orientación económica ha sido una constante en el urbanismo contemporáneo.

Sin embargo, en las últimas décadas, venimos asistiendo a un proceso radicalmente diferente. La modificación de la función residencial ya no afecta al espacio construido como soporte de una determinada actividad profesional sino que la propia vivienda la que se ha convertido en una mercancía. El parque inmobiliario se encuentra en el mercado y, por lo tanto, su función primigenia se difumina entre otras como la especulación, el turismo o los alquileres de corta estancia.
Debido a la extensión que la función residencial tiene en las ciudades y dado que sus habitantes necesitan la vivienda para, valga la redundancia, vivir; estas cuestiones despiertan el interés tanto desde el punto de vista urbanístico como social.
La globalización económica facilitó la circulación de capitales, fondos de inversión y personas. El número de turistas no ha dejado de crecer en la última década y cada vez más personas se desplazan a otras ciudades para pasar unos días. En este contexto surgieron alternativas de la denominada economía colaborativa que facilitaron la pernocta de turistas, visitantes u otros colectivos de población flotante ofreciendo en primer lugar una esterilla y un colchón hinchable, luego un sofá, posteriormente una habitación y en la actualidad la casa entera cuando no directamente el edificio al completo.

Lo que en un principio se planteó como una manera de compartir tu casa y obtener unos beneficios a cambio de ello ha mutado en un negocio extraordinario que pone en riesgo la capacidad de la población local para alojarse en su propia ciudad. Existen otras consecuencias asociadas a esta usurpación de los principios rectores de la economía colaborativa en favor del capitalismo salvaje como son la evasión fiscal, la presión de las empresas sobre las administraciones públicas o las implicaciones urbanas en cuanto a la pérdida de identidad y la paulatina agonía del comercio minorista.

Todos estos fenómenos han sido analizados por Ian Brossat en su último libro Airbnb, la ciudad uberizada, editado por Katakrak Liburuak en 2019 y traducido por Sagrario Ruiz Elizalde. A lo largo de cuatro capítulos y 146 páginas el autor narra con detalle las bases de esta mercantilización de la vivienda que con asiduidad persigue fines turísticos en el caso concreto de París, ciudad de la que es teniente de alcalde encargado del área de Vivienda, Emergencia habitacional y hábitat sostenible. Su experiencia a cargo de dichas competencias en una metrópolis europea resulta enriquecedora para conocer de qué modo operan las empresas que utilizan la vivienda como mercancía y qué herramientas se han puesto en marcha para la gestión de este fenómeno contemporáneo.
Especialmente sugestivo resulta el capítulo destinado a la regulación de los alquileres de viviendas principales y vacacionales. El primer paso tomado por la administración parisina en 2014 fue la identificación de la vivienda según su uso, es decir, si se trataba de una residencia habitual o vacacional y, si este era el caso, contabilizar el número de días que se alquilaba. De acuerdo con la regulación francesa se considera vivienda vacacional aquella que se alquila más de 120 días al año. La superación de las 120 noches para residencias principales conlleva un alta como actividad económica y su incumplimiento acarrea multas de hasta 10.000 euros Para poder llevar a cabo esta clasificación, aparte de la oposición de las empresas, el ayuntamiento de París se encontró con ciertas limitaciones legales que fueron superadas en 2016 con la aprobación de la Ley de República Digital que da la potestad a los municipios para exigir un número de registro por cada anuncio de alquiler temporal de una vivienda principal y permite desactivar aquellos que hayan alcanzado el umbral de los 120 días de alquiler por año. A pesar de las negociaciones con las empresas, en el año 2017, París adopta unilateralmente la decisión de crear un número de registro obligatorio para cada anuncio.

Otro mecanismo interesante es el de las medidas compensatorias relacionadas con los cambios de uso. La legislación francesa contempla desde hace décadas unas medidas encaminadas a compensar la pérdida de viviendas en favor de otras funciones productivas. Así, para transformar una vivienda habitual de 60 m2 en una vacacional para todo el año hay que transformar 60m2 de local comercial, despacho u otro uso en vivienda habitual y 120 m2 si se hace en vivienda privada. Esta competencia se ha transferido a los municipios desde 2009 y en 2014 se reforzó el mecanismo exigiendo que la compensación se efectúe en el mismo distrito, una medida enfocada a combatir la concentración de vivienda con fines distintos a la función residencial en determinadas zonas de las ciudades. A este conjunto de acciones le acompaña una inspección selectiva y la correspondiente multa a los alquileres ilegales.

Ante esta estrategia municipal, se elevaron numerosas críticas en el ámbito político, económico, periodístico y, por supuesto, en el ámbito empresarial dedicado al alquiler vacacional. No resulta extraño, puesto que desde la generalización de este tipo de alquileres los inversores se han dado cuenta de que su rentabilidad es muy superior a la de los alquileres tradicionales. A este respecto, Brossat aporta cifras que muestran una rentabilidad 2,7 veces superior y, según datos del INSEE, el instituto estadístico francés, los centros urbanos han incrementado el parque de viviendas vacías o sin uso al tiempo que han perdido población, lo que junto a los datos que se pueden consultar en la web Inside Airbnb ponen de manifiesto la incidencia que tiene la mercantilización de la vivienda para la población local. Otras ciudades han tomado medidas dirigidas a lograr el consentimiento de la comunidad de vecinos. Es decir, en un edificio no se puede obtener una licencia para usar la vivienda como alquiler vacacional si en el bloque no existe una aprobación al respecto.

La gran cantidad de turistas que recibe España junto a la tendencia a las actitudes rentistas hace que nuestras ciudades estén siendo objeto de una extraordinaria presión inmobiliaria que incapacita a las personas con pocos recursos acceder a la vivienda. La respuesta de las administraciones públicas es decepcionante. Un parque público de viviendas exiguo, medidas del alquiler que no son progresivas, la constante venta de viviendas a fondos de especulación y una legislación congelada configuran un panorama que contribuye a la sensación de orfandad en relación con esta problemática.

La lectura de este ensayo constituye una evidencia más de que el mundo se ha trasformado en un supermercado y la cuestión de la vivienda no deja de ser una ampliación del campo de batalla.
Experiencias como la de Ian Brossat ayudan a la comprensión del fenómeno de mercantilización de la vivienda y ponen a nuestra disposición herramientas que desde las administraciones públicas deben ser implementadas sin demora.
Ícaro Obeso Muñiz es geógrafo, profesor asociado al Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo en asignaturas relacionadas con el Urbanismo y la Ordenación del Territorio. Secretario de redacción de Ería, revista cuatrimestral de Geografía.

Ficha Técnica

Título: Airbnb, la ciudad uberizada
Autor: Ian Brossat
Editorial: Katakrak
ISBN978-84-16946-25-9
Idioma: Castellano
Páginas:160
Tamaño:12,5×19 cm
Encuadernación: Cosido con solapas
Precio:14.00€