prohibiciones e imposiciones religiosas; las tiranías estéticas que viven muchas mujeres en Occidente para poder acceder a realizar trabajos de distinta índole, o la ilegalidad, que quieren convertir en legalidad, de alquilar a una mujer con el propósito de dejarla embarazada y acabar comprándole el hijo tras dar a luz.

Temas que, sin duda, ponen el foco en la condición, todavía subalterna y vulnerable, que viven las mujeres y señalan sus cuerpos como objetos, depósitos del placer, susceptibles de ser comprados, alquilados y vendidos por los hombres. Asuntos acerca de la dignidad y hasta el orgullo de «otros» que, por extraño que parezca, les dejan, en no pocas ocasiones, escaso margen de maniobra para decidir qué hacer al respecto.

Temas ?los cuatro? a través de los que se evidencia cómo, en la mayoría de casos, la clase política huye del debate, de uno o de todos, porque ?sin importarle demasiado la situación en la que se debe encontrar una mujer que llega a ese escenario? va de la mano de grupos de presión y lobbies que se desenvuelven con soltura y sin complejos en el marco de democracias despolitizadas y preocupadas sólo por los beneficios económicos.

Parece que no debería generar ninguna duda que, cuando existe una necesidad básica, lo que decide cualquier mujer para conseguirla no es una reacción fruto de su libertad, sino condicionada, precisamente, porque no la tiene. Así pues, en realidad, no siempre tienen el «derecho a decidir sobre nuestros cuerpos», tal como sería deseable en pleno siglo XXI. Ya lo decía con claridad Rousseau en el lejano siglo XVIII, en El contrato social: la auténtica libertad surge de las condiciones materiales. Quizá la solución pasa por que «nadie sea tan pobre como para querer venderse y nadie sea tan rico como para poder comprar a otros»; sólo así la mujer conseguirá , de verdad, poder decidir sobre su cuerpo.