Uno de los grandes temas políticos del siglo XXI es cómo afrontar la cuestión de la seguridad. Como respuesta a este anhelo, se ha extendido la tendencia que aboga por el castigo como método disuasorio o correctivo. Sin embargo, son muchas las sombras que hay detrás de este recurso y numerosos sus detractores dentro de distintos sectores sociales y académicos. En este sentido, las críticas a la prisión permanente revisable introducida con la reforma del Código Penal de 2015, la aprobación de la ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como “ley mordaza”, o la criminalización de nuevas conductas, han abierto el escenario para que las tesis abolicionistas de la prisión que destacaron en los años sesenta y setenta hayan comenzado a tener una notable incidencia en el debate social de los últimos años.